Por Juan Pablo Ojeda
El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, está en el centro de una tormenta política tras el notable incremento de su patrimonio inmobiliario, en medio de graves acusaciones de peculado y corrupción. Corral, una figura prominente en la política mexicana, enfrenta un escrutinio intensificado por la acumulación de 14 propiedades distribuidas en Chihuahua, la Ciudad de México y Sinaloa. Este aumento patrimonial, que ha ocurrido en las últimas dos décadas, ha suscitado dudas sobre la legalidad de sus adquisiciones y su capacidad financiera para acumular tal riqueza.
Crecimiento Exponencial del Patrimonio
Una revisión exhaustiva de los registros públicos de propiedad ha revelado que el valor comercial de las propiedades de Corral podría superar los 73.6 millones de pesos. Las adquisiciones abarcan un período de 1987 a 2018, durante el cual Corral ocupó varios cargos públicos, incluyendo el de senador y gobernador de Chihuahua. Sin embargo, en su última declaración patrimonial presentada en 2021, Corral reportó 13 propiedades con un valor estimado de 19 millones de pesos, además de cuatro vehículos. La discrepancia entre sus declaraciones y el valor real de sus activos ha alimentado las sospechas de enriquecimiento ilícito.
Entre las propiedades destacadas se encuentra un terreno de 227 metros cuadrados en Ignacio de la Peña 2079, Ciudad Juárez. Corral adquirió este terreno en 2018 por 200 mil pesos, aunque su valor comercial actual es de 778 mil 500 pesos. Aunque el terreno ha sido integrado a su propiedad principal, no figura a su nombre en el Registro Público. También posee un lote en el fraccionamiento Jardines de San Marcos, Ciudad Juárez, adquirido en 2002 y no incluido en su declaración patrimonial de 2021.
Propiedades No Declaradas y Sanciones Potenciales
La falta de registro de ciertas propiedades en sus declaraciones patrimoniales ha puesto a Corral bajo el escrutinio de las autoridades. Uno de los casos más notorios es un terreno de 150 hectáreas en el ejido Nombre de Dios, adquirido el 29 de abril de 2009 por 4 millones de pesos. Este terreno no fue reportado en su declaración de 2016 y ha sido señalado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua como un posible indicio de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, lo que ha llevado a la apertura de procedimientos legales para su detención.
Otra propiedad que ha llamado la atención es una cabaña en Basaseachic, Ocampo, comprada en 2002 por 450 mil pesos y cuyo valor actual se estima en 1.7 millones de pesos. Esta propiedad está situada en una zona turística de montaña, y su adquisición ha generado dudas sobre la transparencia del exgobernador.
Expansión Patrimonial en la Ciudad de México y Mazatlán
Además de sus inversiones en Chihuahua, Corral ha realizado adquisiciones significativas en otros estados. En la Ciudad de México, posee dos departamentos en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. El primero, ubicado en Lucerna 60, fue adquirido en 2003 por 392 mil pesos y hoy tiene un valor de casi 2.9 millones de pesos. Trece años después, Corral adquirió otra unidad en el mismo edificio por 1.6 millones de pesos, actualmente valorada en 5.5 millones de pesos.
En Mazatlán, Sinaloa, Corral posee un lujoso departamento en Quintas del Mar, un complejo residencial exclusivo frente a la playa. Este inmueble de 327 metros cuadrados fue adquirido por 1.7 millones de pesos y su valor actual asciende a 7.5 millones de pesos.
Paralelismos con Otros Políticos
El caso de Javier Corral no es aislado. Otros políticos mexicanos han enfrentado acusaciones similares de enriquecimiento ilícito. Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, y su esposo John Ackerman han adquirido seis casas en un periodo de nueve años, mientras que Manuel Bartlett, director de la CFE, ha sido cuestionado por poseer junto a su familia 25 propiedades valoradas en cerca de 800 millones de pesos.
El aumento patrimonial de Corral, junto con las omisiones en sus declaraciones, subraya la necesidad de una investigación exhaustiva y de reforzar la transparencia en la administración pública. La ciudadanía demanda claridad y rendición de cuentas, y casos como el de Corral destacan la importancia de mantener altos estándares de integridad en el servicio público.