En medio de la controversia generada por la supuesta denuncia de acoso laboral en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no existen elementos suficientes para corroborar las acusaciones. La investigación, que concluyó el 28 de junio de 2024, determinó que la negativa de la denunciante, Giovanna Perales Salem, a someterse a una prueba pericial en psicología, imposibilitó la obtención de pruebas contundentes.
El expediente, identificado como CDNH/6/2024/6129/Q, detalla que Perales no presentó ninguna queja previa ante el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control de Profeco, lo cual habría activado los protocolos establecidos para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, vigentes desde enero de 2020.
De acuerdo con la CNDH, en respuesta al oficio PFC/CGA/CE/ST/020/2024, Profeco no encontró registros de la presunta violación, ni en archivos físicos ni digitales. La procuraduría también reveló que Perales habría intentado negociar una indemnización para no hacer públicas sus acusaciones, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
Ante estas circunstancias, la CNDH dio vista al Órgano Interno de Control de Profeco para que investigue posibles faltas administrativas, descartando que existan pruebas suficientes para considerar que hubo acoso o abuso laboral en este caso.
Esta resolución podría tener implicaciones en la percepción pública de cómo las instituciones manejan las denuncias de acoso, sobre todo en un contexto donde la lucha contra estas prácticas es cada vez más prioritaria.